viernes, 9 de abril de 2010

Cuatro detenidos por triple crimen de General Rodríguez: serían los autores

22/12/2009 - Fueron detenidos acusados de asesianr a Leopoldo Bina, Sebastián Forza, Damián Ferrón el 7 de agosto 2008. Los habrían asesinado a balazos tras mantenerlos cautivos en Quilmes y luego habrían arrojado sus cuerpos en un zanjón.. leer art. http://www.cadena3.com/contenido/2009/12/21/44152.asp

sábado, 3 de abril de 2010

Mafia de los medicamentos: la investigación va cercando al oficialismo

LOS PASOS QUE VIENEN Y EL SOSPECHOSO PAPEL DE LA CÁMARA DE MERCEDES
Aunque han perdido protagonismo mediático, tanto el expediente por el Triple Crimen de Gral. Rodríguez como el de la denominada “mafia de los medicamentos”, avanzan inexorablemente, confluyendo el cauce de esas indagaciones hacia lo más granado del poder político vernáculo.
Declaraciones de damnificados, oportunos arrepentidos y hasta testigos protegidos, han dado a esas causas judiciales un impulso que pocos podían predecir hace apenas unos días. Producto de esto, una de las detenciones que se dará en las próximas horas, será la del “empresario” Jose Luis Salerno, socio —jefe, en realidad— de uno de los acribillados en Gral. Rodríguez, Damián Ferrón. Entre otras cosas, Salerno deberá explicar ante la Justicia por qué registró la firma Grupofharma SRL el 13 de agosto de 2008, el mismo día en que Ferron apareció asesinado junto a sus “amigos”. Las sospechas del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, están relacionadas con la posibilidad de que el empresario hubiera sido amenazado por parte de la mafia que llevó adelante parte de los negocios con fármacos denunciados públicamente. Un dato: Salerno fue detenido en su momento en el marco de la causa por la denominada “ruta de la efedrina”, a cargo del destituido juez Federico Faggionato Márquez, pero prontamente quedó en libertad en circunstancias que aún hoy no son del todo claras. ¿Cómo es que ostenta tal poder? ¿De quién es testaferro Salerno? Son las preguntas que se hacen más de uno en estas horas. Y si de rarezas se trata, todavía nadie pudo explicar cómo es que los hermanos Schillaci y Cristian Lanatta terminaron libres, gracias al inesperado fallo de la Cámara de Mercedes. Oportunamente, para lograr la detención de estos, hubo un trabajo de investigación de 14 meses, con varios cuerpos de escuchas, peritajes y cruces telefónicos. Todo eso fue borrado de un plumazo por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, presidida por el juez Luis Alejandro Gil Giuliani quien -junto a sus colegas, los Dres. Gallo y Valle- en sólo tres días de análisis del expediente resolvió dejar en libertad a los detenidos. ¿Cómo hizo el magistrado para leer semejante mamotreto en tan poco tiempo? Nadie puede entenderlo. Lo que sí es claro es que el juez Gil Giuliani tiene una relación personal con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández -no casualmente uno de los involucrados más importantes en esta causa judicial-, y vive a sólo seis cuadras de la casa del único detenido por el Triple crimen, Martin Lanatta, en la zona de Quilmes. ¿Casualidad? “Nada es coincidencia, Christian, Gil Giuliani vive a dos cuadras de un local partidario de Aníbal (Fernández) y su cargo de camarista fue impulsado por él”, admitió a este cronista uno de los instructores del expediente de Mercedes pocas horas después de que fueran liberados tres de los detenidos en el marco de esa causa judicial. Fue la misma fuente de información que anticipó en exclusiva a este periódico que la Cámara actuaría de esa manera, contra todos los pronósticos mediáticos. Lo que viene Mal que le pese a algunos funcionarios de primera línea del kirchnerismo, poco a poco van confluyendo en un mismo cauce tres expedientes que investigan delitos que parecen desvinculados entre sí, pero que no lo están. Se trata de la causa por la denominada “mafia de los medicamentos”, a cargo del juez Norberto Oyarbide; la denuncia por la posible comisión del delito de lavado de dinero en la campaña del Frente para la Victoria del año 2007, a cargo de María Romilda Servini de Cubría; y el expediente por el triple crimen de Gral. Rodríguez, a cargo de la fiscalía de Mercedes. A estas tres causas judiciales, se sumará en el corto plazo una denuncia que descansa en el despacho del juez Claudio Bonadío y que tiene que ver con el dinero que maneja la Administración de Programas Especiales (APE por sus siglas, un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud) a efectos de proveer onerosos medicamentos a diversas obras sociales. En la denuncia que investiga Bonadío aparece la silueta de un personaje bastante escurridizo: Hugo Moyano, mandamás del gremio camionero. Es que el sindicalista habría girado cerca de 70 millones de pesos a Droguería Urbana, una firma nacida en el 2003 -llegada junto con el kirchnerismo al poder- y de la cual se sospecha que Moyano es testaferro a través de otro investigado, Marcos Hendler. Esa droguería, no casualmente, está siendo investigada por haber sido una de las tantas empresas sospechosas que aportó dinero a la campaña de Cristina Kirchner. Como puede verse, lenta pero inexorablemente, todos los expedientes conducen al mismo lugar: Casa de Gobierno. La justicia determinará más temprano que tarde que en la campaña del FPV se blanqueó dinero, a cambio de permitir millonarios negociados relacionados a la adulteración de remedios y otras estafas. En ese marco, el Triple Crimen se trataría, ni más ni menos, que de un intento oficial para borrar las huellas de esos delitos. Justamente, antes de morir, Sebastián Forza aseguraba a quien quisiera escucharlo que sería asesinado por sicarios enviados por el poder de turno, debido a todo lo que sabía, no sólo respecto a los negociados con medicamentos, sino también al blanqueo de capitales de la campaña 2007 del FPV. Concluyendo En unos días, la Cámara Federal porteña enviará un explosivo escrito al juez Oyarbide en el que le ordenará que avance sobre los niveles superiores de responsabilidad en torno a los negociados con medicamentos y que se vincule esa indagación con la del eventual lavado de dinero de la campaña del FPV. Es que, de acuerdo a lo que pudo determinar la Justicia, merced a una veintena de intervenciones telefónicas hechas por la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), las responsabilidades oficiales llegan hasta lo más alto del poder kirchnerista. El esposo de una influyente diputada K, otro importante diputado oficialista, un ex secretario vinculado al Ministerio de Salud, un Ministro de la Nación y hasta uno de los médicos personales de Cristina Kirchner, son los que más deben preocuparse en estas horas. ¿Serán estos los próximos “chivos expiatorios”? Christian Sanz

El magistrado Faggionatto Márquez fue destituido por unanimidad

El jury decidió remover al magistado por irregularidades en el manejo de varias causas. El fallo indicó que el ex juez federal "perdió la imparcialidad" y "ordenó tareas ajenas a sus funciones". El senador Sanz avisó a los "malos jueces" que "pongan la barba en remojo" y el abogado defensor dijo que "ganó la narcocracia"
En la lectura del fallo, se indicó que durante la investigación se probó que ordenó tareas ajenas a sus funciones, perdió la imparcialidad y ordenó el libramiento de un certificado notarial.El tribunal que removió al juez está integrado por los jueces de cámara Juan Giúdice Bravo y Jorge Villada, los diputados Rubén Lanceta (UCR) y Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria), los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Marina Riofrío (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Medah. Faggionatto Márquez fue juzgado por tres hechos de presunto mal desempeño: posibles irregularidades en una causa donde debía custodiar una cosecha de soja de la que está acusado de haberse quedado con una parte; no inhibirse de investigar un secuestro extorsivo en donde fue denunciado por su actuación y supuestas demoras en la tramitación de causas, en algunos casos por más de tres años.Además, durante el juicio los fiscales federales de Zarate-Campana Orlando Bosca y de la Cámara de San Martín Pablo Quiroga denunciaron ante el jurado que el juez federal cometía irregularidades en la tramitación de causas, como demoras y la falta de acceso a los expedientes, además de presuntos delitos en posible connivencia con policías de la zona.El ex magistrado fue llevado a juicio político y suspendido en su cargo el pasado 15 de septiembre por el Consejo de la Magistratura de la Nación, en una decisión que no contó con el apoyo de los cinco representantes del kirchnerismo del cuerpo, ya que faltaron a una reunión luego de que la semana anterior votaron por no enviar al magistrado al jury.El pasado cinco de marzo los fiscales del Consejo, el senador radical Ernesto Sanz y el juez Luis María Cabral, pidieron que Fagionato Márquez sea destituido por considerar que dictó "resoluciones absurdas y arbitrarias" y por "la caótica situación de su tribunal"."Un mal juez"Al término de la lectura del fallo, el senador radical Ernesto Sanz señaló que se sienten "muy satisfechos y hoy es un día particular porque las instituciones del país han funcionado" y a su vez recordó que "hemos sorteado numerosos obstáculos e incluso agravios personales para que no fuera juzgado, ya que en muchos momentos de la investigaciones, desde algunos sectores del poder a este juez se lo protegió y después se lo dejó de proteger", denunció.Luego Sanz lanzó un mensaje a todos los magistrados: "A los buenos jueces, que los hay, les decimos que se puede trabajar. Y a los malos jueces, que se pongan las bárbas en remojo, porque la Justicia tarda en llegar, pero llega". En tanto, el titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, apuntó que "el conjunto del poder judicial puede estar conforme porque se sacó a un mal juez, que desprestigiaba al conjunto" y que durante el jury "se ha podido acreditar que era un mal juez".Por su parte, el diputado Rubén Lanceta (UCR) afirmó que "Si Faggionatto quiso agraviar al jurado, no lo logró" y ratificó que "el jurado de enjuiciamiento fue independiente". También advirtió que "los malos jueces deben preocuparse a partir de ahora".Como respuesto el abogado defensor, Marcelo Brito, aseguró que con la destitución "ganó la narcocracia", ya que Faggionatto estaba al frente de la causa de la efedrina, y adelantó que podrían interponer un recurso extraordinario.Según explicó el letrado, "en principio no se puede interponer un recurso. Hemos escuchado las conclusiones, ahora debemos estudiar los argumentos de la resolución para analizar el razonamiento y en función de eso vamos a ver si hubo agravio y si se puedo anteponer un recurso extraordinario de apelación, cuando se denuncia un fallo que afecte derechos constitucionales". Asimismo, el radical Juan Carlos Matino, consideró que "fue un juicio impecable y hubo abundantes pruebas para destituirlo. Se ha hecho justicia y se ha hecho por tierra el dicho que todos los jueces malos salen impunes. Este es un mensaje de protección a los jueces buenos", agregó. "Yo soy completamente inocente"Por su parte, Faggionatto Márquez se declaró "completa, total y absolutamente inocente" y pidió su absolución. "No hay absolutamente ningún elemento que pruebe que sea verdad la acusación", dijo el juez ante el jurado.Su abogado, Marcelo Brito, aseguró que Faggionato Márquez "tocó intereses importantísimos" durante la investigación de la causa por la "ruta de la efedrina" y que por ese motivo hay interés políticos que buscan su destitución .De hecho, la defensa del ex magistrado planteó en la Justicia la nulidad del juicio político, pero hace dos semanas la Corte Suprema de la Nación rechazó el pedido y confirmó la continuidad del proceso.Además del juicio político, Faggionatto Márquez también está imputado penalmente por presuntas irregularidades en un operativo donde policías bonaerenses enviados por el juez fueron encontrados junto a narcos mexicanos en un galpón de San Miguel que debían allanar.