Mafia de los medicamentos: la investigación va cercando al oficialismo

LOS PASOS QUE VIENEN Y EL SOSPECHOSO PAPEL DE LA CÁMARA DE MERCEDES

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Aunque han perdido protagonismo mediático, tanto el expediente por el Triple Crimen de Gral. Rodríguez como el de la denominada “mafia de los medicamentos”, avanzan inexorablemente, confluyendo el cauce de esas indagaciones hacia lo más granado del poder político vernáculo.

Declaraciones de damnificados, oportunos arrepentidos y hasta testigos protegidos, han dado a esas causas judiciales un impulso que pocos podían predecir hace apenas unos días. Producto de esto, una de las detenciones que se dará en las próximas horas, será la del “empresario” Jose Luis Salerno, socio —jefe, en realidad— de uno de los acribillados en Gral. Rodríguez, Damián Ferrón. Entre otras cosas, Salerno deberá explicar ante la Justicia por qué registró la firma Grupofharma SRL el 13 de agosto de 2008, el mismo día en que Ferron apareció asesinado junto a sus “amigos”. Las sospechas del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, están relacionadas con la posibilidad de que el empresario hubiera sido amenazado por parte de la mafia que llevó adelante parte de los negocios con fármacos denunciados públicamente. Un dato: Salerno fue detenido en su momento en el marco de la causa por la denominada “ruta de la efedrina”, a cargo del destituido juez Federico Faggionato Márquez, pero prontamente quedó en libertad en circunstancias que aún hoy no son del todo claras. ¿Cómo es que ostenta tal poder? ¿De quién es testaferro Salerno? Son las preguntas que se hacen más de uno en estas horas. Y si de rarezas se trata, todavía nadie pudo explicar cómo es que los hermanos Schillaci y Cristian Lanatta terminaron libres, gracias al inesperado fallo de la Cámara de Mercedes. Oportunamente, para lograr la detención de estos, hubo un trabajo de investigación de 14 meses, con varios cuerpos de escuchas, peritajes y cruces telefónicos. Todo eso fue borrado de un plumazo por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, presidida por el juez Luis Alejandro Gil Giuliani quien -junto a sus colegas, los Dres. Gallo y Valle- en sólo tres días de análisis del expediente resolvió dejar en libertad a los detenidos. ¿Cómo hizo el magistrado para leer semejante mamotreto en tan poco tiempo? Nadie puede entenderlo. Lo que sí es claro es que el juez Gil Giuliani tiene una relación personal con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández -no casualmente uno de los involucrados más importantes en esta causa judicial-, y vive a sólo seis cuadras de la casa del único detenido por el Triple crimen, Martin Lanatta, en la zona de Quilmes. ¿Casualidad? “Nada es coincidencia, Christian, Gil Giuliani vive a dos cuadras de un local partidario de Aníbal (Fernández) y su cargo de camarista fue impulsado por él”, admitió a este cronista uno de los instructores del expediente de Mercedes pocas horas después de que fueran liberados tres de los detenidos en el marco de esa causa judicial. Fue la misma fuente de información que anticipó en exclusiva a este periódico que la Cámara actuaría de esa manera, contra todos los pronósticos mediáticos. Lo que viene Mal que le pese a algunos funcionarios de primera línea del kirchnerismo, poco a poco van confluyendo en un mismo cauce tres expedientes que investigan delitos que parecen desvinculados entre sí, pero que no lo están. Se trata de la causa por la denominada “mafia de los medicamentos”, a cargo del juez Norberto Oyarbide; la denuncia por la posible comisión del delito de lavado de dinero en la campaña del Frente para la Victoria del año 2007, a cargo de María Romilda Servini de Cubría; y el expediente por el triple crimen de Gral. Rodríguez, a cargo de la fiscalía de Mercedes. A estas tres causas judiciales, se sumará en el corto plazo una denuncia que descansa en el despacho del juez Claudio Bonadío y que tiene que ver con el dinero que maneja la Administración de Programas Especiales (APE por sus siglas, un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud) a efectos de proveer onerosos medicamentos a diversas obras sociales. En la denuncia que investiga Bonadío aparece la silueta de un personaje bastante escurridizo: Hugo Moyano, mandamás del gremio camionero. Es que el sindicalista habría girado cerca de 70 millones de pesos a Droguería Urbana, una firma nacida en el 2003 -llegada junto con el kirchnerismo al poder- y de la cual se sospecha que Moyano es testaferro a través de otro investigado, Marcos Hendler. Esa droguería, no casualmente, está siendo investigada por haber sido una de las tantas empresas sospechosas que aportó dinero a la campaña de Cristina Kirchner. Como puede verse, lenta pero inexorablemente, todos los expedientes conducen al mismo lugar: Casa de Gobierno. La justicia determinará más temprano que tarde que en la campaña del FPV se blanqueó dinero, a cambio de permitir millonarios negociados relacionados a la adulteración de remedios y otras estafas. En ese marco, el Triple Crimen se trataría, ni más ni menos, que de un intento oficial para borrar las huellas de esos delitos. Justamente, antes de morir, Sebastián Forza aseguraba a quien quisiera escucharlo que sería asesinado por sicarios enviados por el poder de turno, debido a todo lo que sabía, no sólo respecto a los negociados con medicamentos, sino también al blanqueo de capitales de la campaña 2007 del FPV. Concluyendo En unos días, la Cámara Federal porteña enviará un explosivo escrito al juez Oyarbide en el que le ordenará que avance sobre los niveles superiores de responsabilidad en torno a los negociados con medicamentos y que se vincule esa indagación con la del eventual lavado de dinero de la campaña del FPV. Es que, de acuerdo a lo que pudo determinar la Justicia, merced a una veintena de intervenciones telefónicas hechas por la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), las responsabilidades oficiales llegan hasta lo más alto del poder kirchnerista. El esposo de una influyente diputada K, otro importante diputado oficialista, un ex secretario vinculado al Ministerio de Salud, un Ministro de la Nación y hasta uno de los médicos personales de Cristina Kirchner, son los que más deben preocuparse en estas horas. ¿Serán estos los próximos “chivos expiatorios”? Christian Sanz