MAS MENTIRAS...

FUENTE http://www.24con.com/conurbano/nota/37186-Los-mosqueteros-que-metieron-en-problemas-a-Faggionato/ La escena, la de la mujer policía sometiendo al presunto delincuente al rigor de la ley, sucedió el 13 de noviembre, cuando más de 15 hombres de azul, incluida la mujer, irrumpieron en el galpón donde se creía que narcos mejicanos almacenaban estupefacientes. En el marco de la investigación orquestada por el juez federal Culotta, vigilaban de cerca el local ubicado en la Av. Illía (ex Ruta 8), entre las calles Alberdi y Haedo, justo en frente de la residencia principal de Campo de Mayo.Al mismo tiempo, Alberto Molina, Eduardo Ocampo y Fernando Portillo –un ex comisario retirado y dos policías bonaerenses en actividad- bajaron de un Renault Megane, propiedad del primero, e ingresaron al lugar en busca de indicios acerca de la ruta de la efedrina, investigación que llevaba la impronta de Federico Faggionato Márquez. O, al menos, es lo que ellos mismos argumentaron en su momento y continúan sosteniendo. Ahora bien, los tres hombres ingresaron al lugar y, detrás de ellos, los federales desplegaron un violento allanamiento que incluyó golpes, el secuestro de 700 ladrillos de cocaína y la aprehensión de dos aztecas (José María Rodríguez Ceja y Abraham Martínez Calderón). De efedrina, ni rastros, aunque los hombres de Faggionato aseguran tenían información que les permitió deducir que los mejicanos en cuestión iban a recibir un importante cargamento de la sustancia, algo que nunca se pudo comprobar, puesto que los de la Federal, en la caza del polvo blanco, llegaron primero.Molina, Ocampo y Portillo fueron golpeados y esposados al igual que los extranjeros hasta que, por fin, pudieron revelar sus identidades y un manto de sospechas se ciñó sobre ellos, arrastrando al juez de Campana al mismo lugar de oscuridad porque una “desprolijidad” embarró la cancha: minutos más tarde de la detención, se hizo presente en el lugar una comitiva de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que refirió que se encontraba en camino una orden de allanamiento librada por el magistrado que se encuentra en la mira del Consejo de la Magistratura. A raíz del confuso episodio, el fiscal federal de Tres de Febrero, Jorge Sica, pidió la declaración indagatoria del juez por el presunto encubrimiento del accionar de los policías de la bonaerense que habrían sido sorprendidos cuando negociaban con los narcos. De esta investigación, se desprendió otra acusación de los consejeros Ernesto Sanz y Carlos Kunkel contra el juez de la efedrina. Más allá de las irregularidades, las denuncias sugieren que los "tres mosqueteros" pretendían quedarse con la mercadería, respaldados por Faggionato y Honorio Rodríguez, jefe de la Delegación Zárate de Narcotráfico bonaerense.Las contradicciones en torno al allanamientoSin embargo, todavía existen puntos disímiles entre los dichos de una y otra fuerza de seguridad.El lugar: La denuncia de los consejeros habla de “un galpón”, cuando la bonaerense se refiere a un “taller mecánico”.Hora del allanamiento: La Federal asegura que ingresó al local a las 14.30 horas, mientras la bonaerense indica que el allanamiento se llevó a cabo a las 13.30. Por otro lado, los agentes de la fuerza provincial afirman que ingresaron alrededor de las 11 horas y, cuando la federal hizo su entrada, ya tenían la situación controlada y que los mejicanos habían sido demorados, a la espera de una orden de allanamiento por parte de Faggionato Márquez.Orden de allanamiento: Los tres hombres de la bonaerense declararon que se encontraban a la espera de la orden y que habían anoticiado del operativo al juez de turno del Departamento Judicial de San Martín y Narcotráfico de San Miguel (específicamente, al comisario Luquet y al oficial Gutiérrez), a través de un llamado telefónico y el envío de un fax. Kunkel y Sanz hacen hincapié en que los efectivos no contaban con orden de allanamiento, pero no destacan que los uniformados de la federal tampoco contaban con la orden de registro.El negocio narco: En tanto que los federales dan a entender que sus colegas de la provincia negociaban con los narcos al momento de su irrupción, los agentes bonaerenses dan una vuelta de tuerca al asunto al declarar que la veintena de oficiales de la federal (entre ellos, habría personal de la DEA) sólo apuntaban a sus armas a la cabeza de éstos y no a los supuestos narcos extranjeros, a quienes “ignoraban”. Testigos: Los federales puntualizan que el allanamiento que llevaron a cabo contaba con la presencia de “testigos”, los de la bonaerense lo niegan.Los tres mosqueterosEl triple crimen dio vida a un personaje de serie norteamerica: consignado por los medios como el “sabueso de las viudas”, Alberto “Patón” Molina pasó de ex comisario devenido en político a uno de los principales protagonistas de la trama del triple crimen que sacudió a General Rodríguez. Pero, en realidad, su nombre resonó mediáticamente en el pasado cuando investigó la causa AMIA, denunció a la Secretaria de Transporte de la Nación por el cobro de doble subsidio de Gasoil. Asimismo, es uno de los personajes que suelen desfilar en el piso del polémico periodista Mauro Viale.En su “bunker” personal recibió uno a uno a los periodistas de medios nacionales y regionales que quisieran interiorizarse sobre la novela negra. Dos hombres de su confianza lo acompañaron: Ocampo y Portillo, también vecinos de Rodríguez. Los tres hombres estaban abocados a develar el misterio y, se sabe, anunciaban todos sus hallazgos al juez de la efedrina. Mapas, fichas y extensas carpetas con información vital así lo demostraron. De hecho, fueron los primeros en dar a conocer nombres y caminos sinuosos que llevarían a la casa de Quilmes.Sin embargo, luego del incidente en San Miguel, los tres mosqueteros ya no contaron con la misma credibilidad y deben enfrentar sumarios, indagatorias, empero los que le atribuye el fiscal Sica, "violación de domicilio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio", son excarcelables. Alberto Molina: Apoderado de la Caja de Seguros S.A desde 1998, se retiró de la Fuerza en ese mismo año. Fue inspector comisario y mantiene vínculos con el peronismo provincial, a raíz del partido vecinalista que comanda en General Rodríguez. Asesora a la familia de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen. Eduardo Ocampo: Teniente Primero. Su deber era reportar toda información que poseía vinculada con el caso ´Tarzia y otros (triple crimen de Forza, Ferrón y Bina) al Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Federico Faggionatto Márquez, a través de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas de esa jurisdicción. Luego del escándalo, tuvo un paso fugaz como comisario en una dependencia de Luján. Dijo que Molina lo acompañó al galpón porque éste poseía vehículo y que la presencia del ex comisario en el galpón se debía a conseguir superioridad numérica ante los narcos. Fernando Portillo: Oficial en actividad de la policía bonaerense. También realizaba tareas “investigativas” en la causa de la efedrina y el triple crimen. Faggionato se ahoga en un vaso de aguaLos consejeros Ernesto Sanz y Carlos Kunkel, que impulsan la destitución del juez de Campana, no le dan demasiada importancia a que la orden de allanamiento de Culotta también llegó tarde, aunque media hora antes que la de Faggionato. Según consta en el expediente Nº 402, caratulado “Sanz, Ernesto y Kunkel, Carlos c/ Dr. Faggionato Márquez (Juz. Fed. Campana)”, “la irregular intervención y presencia en el lugar de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires generó que el juez Culotta extrajera testimonios y ordenara la formación de una causa penal”.Incluso, en el informe se sugiere que los “tres mosqueteros” pretendían quedarse con la mercadería: “Algún personal de la dependencia habría escuchado a uno de los detenidos (mejicanos) decir concretamente ´nos salvaron la vida, se iban a llevar todo y nos iban a pegar un tiro…”.Más tarde, Sanz y Kunkel, embarcados en la tarea de destituir al juez, se hicieron eco de dos notas periodísticas que dieron a conocer las irregularidades del operativo efectuado en San Miguel y Faggionato Márquez se defendió: “Queda claro que no conozco a la persona que se identifica como ´Patón Molina´, no conozco al Teniente Ocampo, desconozco obviamente por no haber estado en el terreno, como ocurrieron los hechos previos al allanamiento y sólo puedo dar explicaciones por los actos realizados por el suscripto y que ya con anterioridad fueron aclarados. No sé para quien trabaja ni que hace de su vida el primero de los nombrados, y en cuanto al segundo, es numerarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizando tareas de inteligencia, según tengo entendido, respecto a lo que comentara por el asunto del denominado ´triple crimen´ . De cualquier forma vale aclararlo nuevamente ninguno de ambos mentados tiene contacto o reciben órdenes o cumplen directivas de esta justicia federal. Por último sepa señor Consejero que al policía Ocampo Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires le inició sumario, el que fue archivado por la inexistencia de los hechos que narrara ambas notas periodísticas [sic]”. Y los consejeros respondieron: “No se entiende, si nada sabía, por que dio orden de allanamiento”. “También resulta llamativo que el juez Faggionato Márquez haya manifestado desconocer al oficial Ocampo y las funciones a él encomendadas, siendo que dos días antes del procedimiento lo tuvo frente a sí en audiencia testimonial. Ello no obstante el informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del que se desprende que Ocampo reportaba todos los datos y circunstancias vinculados a una causa relacionada -triple crimen de Forza, Ferrón y Bina- al Juzgado Federal de Campana”. Concretamente, le reprochan a Faggionato “no haber tomado los recaudos mínimos que amerita una investigación de envergadura como la que instruía, máxime cuando se emplea la colaboración de una fuerza de seguridad en tareas de inteligencia. Es decir, saber mínimamente quién investiga, qué se investiga, dónde se investiga y con qué medios se investiga”, por lo que le indilgan “mal desempeño a causa de negligencia grave en el desempeño del cargo”.